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 LA IV EDICIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS

IMPULSADO POR INAP

IV EDICIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Unidad de Gestión Jubilatoria

Unidad de Gestión Jubilatoria

Atención personalizada. Iniciación de trámite jubilatorio. Eficiencia en el logro de este derecho laboral.

Utilización de Firma Digital en el Poder Judicial de la Provincia de San Juan

Noticias de Capacitación en Firma Digital

Capacitación Poder Judicial

Firma Digital

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Una herramienta del futuro hoy. Confidencialidad. Transparencia. Seguridad. Despapelización

Violencia Laboral

Programa de Prevención de Violencia Laboral Ley 985 K (ex Ley 7939)

La violencia laboral nos afecta a todos. Prevenir. Denunciar. Colaborar como testigo.


La firma digital es una tecnología que permite "modelar sobre medios digitales las mismas características que se presentan en un documento en papel con firma hológrafa" (de puño y letra).

En nuestro país se le denomina firma digital a la firma emitida por un Organismo Licenciado, es decir un Organismo que está autorizado para ello, porque cumple con estándares tecnológicos y operativos establecidos en la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital.

La firma electrónica es también, una tecnología que permite" modelar sobre medios digitales las mismas características que se presentan en un documento en papel con "firma hológrafa". En nuestro país se denomina firma electrónica a la emitida por Organismos no licenciados, es decir que no cumplen con todos los estándares tecnológicos y operativos establecidos en la Ley Nacional N° 25.506 de Firma Digital.

La firma digital y la firma electrónica sirven para firmar un documento a través de medios electrónicos de manera que éste goce de una característica que únicamente era propia de los documentos en papel. Su fin es identificar, asegurar o autentificar la identidad de un autor o remitente, o como una prueba del consentimiento y/o de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un documento o similar y tiene carácter legal.

Desde el punto de vista tecnológico la "Firma Digital" y "Firma Electrónica" son lo mismo, pero para la legislación argentina dichos términos no poseen el mismo significado. La diferencia radica en el valor probatorio atribuido a cada uno de ellos, dado que en el caso de una Firma Digital si un documento firmado digitalmente es verificado correctamente, se presume salvo prueba en contrario que proviene del suscriptor del certificado asociado y que no fue modificado. Por el contrario, en el caso de la firma electrónica, se invierte la carga probatoria con respecto a la firma digital, esto es, en caso de ser desconocida la firma corresponde a quien invoca su autenticidad acreditar su validez.

Si, una firma digital opera con el mismo esquema legal que el de una firma hológrafa. La ley Nacional N° 25.506 establece que existe una presunción "Juris Tantum" en su favor, eso significa que si un documento firmado digitalmente es verificado correctamente, se presume salvo prueba en contrario que proviene del suscriptor del certificado asociado y que no fue modificado.

No, la firma digital es el resultado de un complejo procedimiento criptográfico que da como resultado una clave privada y una pública. La clave privada permanece bajo exclusivo control del suscriptor y no reside en ningún otro medio tecnológico y la clave pública está a disposición del público en general para verificar la autoría del firmante.

Cuando el poseedor de la firma digital firma por ejemplo un email o un documento, tecnológicamente se genera mediante una función matemática una "huella digital" del mensaje. Esta huella digital se encripta con la clave privada del firmante, y el resultado es lo que se denomina firma digital la cual se enviará adjunta al documento original. Esta marca que se adjunta es única para ese documento y sólo el suscriptor de la firma digital es capaz de producirla. Luego mediante ésta marca única y la clave pública del firmante, el receptor del documento podrá verificar su integridad y la autenticidad del origen.

La clave pública y la privada son el resultado del proceso de solicitud del certificado digital, se generan en forma automática mediante fórmulas matemáticas, utilizadas en la "criptografía asimétrica". La clave privada siempre queda en exclusivo poder del propietario y la pública es de libre acceso y permite verificar el origen e integridad del documento firmado.

Una firma digital se representa por una extensa e indescifrable cadena de caracteres por ejemplo: "Acw1nG+T9OD5ENdXTWmWw+PtNO93oAABaY2g", esta cadena representa en realidad un número, el cual es el resultado del procedimiento matemático aplicado al documento que se ha firmado.

No. Si bien en la firma digital intervienen procesos de encriptación, es algo totalmente distinto. La firma digital brinda un mecanismo de seguridad que permite determinar fehacientemente "la autoría e integridad" de un documento, es decir quién lo firmó y si fue o no alterado. La encriptación en cambio brinda confidencialidad; esto es, que un documento sea solo legible por el destinatario.

La encriptación es un mecanismo de seguridad que permite modificar un documento de modo que su contenido sea ilegible para cualquier persona excepto para su destinatario. Los certificados digitales otorgados por la ONTI no se usan para encriptar información.

Es un documento digital que contiene la información de vinculación entre una clave pública y una persona o entidad y es generado por una Autoridad Certificante válida de Argentina. Un Certificado Digital se genera de acuerdo a un estándar de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), que es el X.509 y contiene básicamente la siguiente información:

  • Apellido, nombre, cargo, repartición y mail del solicitante.
  • Fecha de validez del certificado
  • Clave pública del solicitante.
  • Información sobre la Autoridad Certificante.

Se solicita un certificado digital a un Organismo Certificador Licenciado que pertenece a la Infraestructura de Clave Pública (PKI) de nuestro país. Actualmente son los siguientes:

  • Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) (administración pública).
  • Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (administración pública).
  • Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) (administración pública).

En el ámbito de la administración pública para obtener un certificado debe conectarse con la ONTI, Oficina Nacional de Tecnologías de Información de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, al link (https://pki.jgm.gov.ar/app) luego entrar en el link que dice "Solicitar un Certificado", donde le guiará paso a paso para obtener un certificado de firma digital. Luego deberá presentarse personalmente en la Autoridad de Registro correspondiente a presentar su documentación.

Se debe acceder a la página de la Autoridad Certificante, en nuestro caso la ONTI https://pki.jgm.gov.ar/app/ y luego "Consultar certificados de clave pública emitidos", en esa página debemos cargar algún dato de la persona de la cual deseamos verificar el certificado: nombre, apellido, e-mail o número de serie del certificado digital y nos dará como resultado el estado de validez del certificado.

El certificado deja de ser válido en las siguientes situaciones:

Cuando finaliza el plazo de validez (2 años desde la fecha de emisión del certificado digital).

Cuando es revocado por el titular o por el funcionario correspondiente, debido a modificaciones en los datos declarados al momento de la certificación o por pedido expreso del titular de la firma.

Se debe revocar. Esto es, anular su validez antes de la fecha de caducidad que consta en el mismo. La revocación puede ser solicitada por el mismo suscriptor en la página de la Autoridad Certificante que emitió el certificado en cualquier momento, y en especial, cuando el titular crea que su clave privada es conocida por otro.

La Autoridad de Registro es quien verifica los datos de identidad de quien solicita un certificado y depende de la Autoridad Certificante. Esta es quien emite el certificado correspondiente. En San Juan la Autoridad de Registro del Poder Ejecutivo se encuentra en la Dirección General de Recursos Humanos y Organización dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública.

Es un conjunto de equipos, programas informáticos, dispositivos criptográficos, políticas, normas, procedimientos y personas, utilizados para crear, almacenar y publicar los certificados digitales, así como para la publicación de la información y consultas de vigencia y validez de los mismos permitiendo la ejecución con garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas.

Es un dispositivo electrónico USB permiten almacenar certificados digitales y llevar la identidad digital de la persona, mediante la protección de fuertes contraseñas. Tiene un tiempo de vida útil de 10 años, es seguro pues tiene un chip al interior que al momento de romper el etoken pierde la información contenida en el chip.

Debe solicitar la revocación de certificado digital a la Autoridad de Registro.

Los Certificados Digitales pueden ser revocados por alguna de las siguientes razones:

  • Solicitud voluntaria del Suscriptor.
  • Pérdida o daños del etoken.
  • Fallecimiento del suscriptor, incapacidad sobrevenida, total o parcial, de cualquiera de ellos, terminación de la representación o extinción de la persona jurídica representada.
  • Cese en su actividad del suscriptor.
  • Inexactitudes graves en los datos aportados por el suscriptor para la obtención del certificado, así como la concurrencia de circunstancias que provoquen que dichos datos, originalmente incluidos en el Certificado, no se adecuen a la realidad.
  • Que se detecte que las claves privadas del Suscriptor o de la AC han sido comprometidas
  • Por incumplimiento por parte de la AR, AC o el Suscriptor de las obligaciones establecidas en la DPC.
  • Por cualquier causa que razonablemente induzca a creer que el servicio de certificación haya sido comprometido hasta el punto que se ponga en duda la fiabilidad del Certificado.
  • Por resolución judicial o administrativa que lo ordene.

Depende del tipo de dispositivo con el que se cuente y siempre requiere la intervención de su propietario. Ningún administrador puede cambiar el PIN, sin la intervención del suscriptor.

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